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CUANDO EL TIEMPO SE CONVIERTE EN UN PROBLEMA. INVESTIGACIONES PRELIMINARES EN EL DERECHO PENAL DEL ESTADO DE LA CIUDAD DEL VATICANO

Un sistema llamado a ser un punto de referencia moral en la referencia constante a la protección de la persona debe ser capaz de garantizar que esos mismos principios encuentren aplicación plena y concreta también internamente..

– Teología y derecho canónico –

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Desde las numerosas reformas que han afectado al sistema judicial del Estado de la Ciudad del Vaticano en los últimos años, un tema sigue recibiendo poca atención: la duración de las investigaciones preliminares.

En los sistemas procesales contemporáneos el legislador está llamado a conciliar dos necesidades fundamentales: conceder a la autoridad judicial el tiempo necesario para esclarecer los hechos y evitar que una persona permanezca bajo investigación por tiempo indefinido. Este no es un mero problema organizativo, sino de una cuestión que afecta el equilibrio entre el interés público en la represión de los delitos y la protección de los derechos humanos fundamentales.

En el Estado de la Ciudad del Vaticano el proceso penal seguir siendo disciplinado, en sus líneas fundamentales, por el Código de Procedimiento Penal italiano promulgado por Real Decreto 27 Febrero 1913, n. 127, transpuestos a ese sistema con la constitución del Estado en 1929 y posteriormente modificado por la Ley no. IX de 11 de julio 2013, sin embargo, sin ser reemplazado por un nuevo código de procedimiento penal. Es un sistema en el que las investigaciones se confían principalmente a las autoridades judiciales., mientras que la defensa sólo puede intervenir en una fase posterior del procedimiento, según un enfoque diferente al de los juicios modernos, basado en el contrainterrogatorio entre la acusación y la defensa desde el inicio de la fase del juicio..

Tal vacío regulatorio Es aún más significativo si consideramos que el sistema del Estado de la Ciudad del Vaticano no cuenta con un órgano dotado de funciones similares a las de un Tribunal Constitucional., en quién se puede delegar el control de la conformidad de las normas procesales con los principios fundamentales del ordenamiento jurídico y la protección de los derechos personales. no se trata de, sin embargo, de una brecha en la estructura legal del Vaticano, sino más bien una consecuencia coherente de su peculiar estructura institucional, en el que el Romano Pontífice, como Soberano del Estado y Supremo Legislador, de conformidad con el arte. 1 de la ley fundamental de la Ciudad del Vaticano de 13 Mayo 2023 ejerce todo el poder del gobierno, incluyendo el poder legislativo, ejecutivo y judicial. En tal sistema no existe ningún organismo llamado a revisar la legitimidad de los actos del Legislador Supremo., como ocurre en los sistemas constitucionales basados ​​en el principio de separación de poderes.

La falta de una norma sobre la duración de las investigaciones preliminares por lo tanto está destinado a producir dos conjuntos de consecuencias: el primero se refiere directamente a la posición del sujeto sometido a investigaciones. A falta de plazo dentro del cual se llama a la autoridad judicial para ejecutar la acción penal o solicitar el sobreseimiento, el proceso podría continuar por tiempo indefinido, con la continuación de cualquier medida restrictiva ya adoptada -como incautaciones, suspensión del pago de salarios, pensiones u otros beneficios, u otras medidas que afecten al ámbito jurídico del interesado - sin que éste pueda ejercer plenamente su derecho de defensa en el procedimiento contradictorio, que encuentra su hogar natural en el juicio. La segunda consecuencia afecta, en cambio, a la credibilidad misma del sistema vaticano.: La Santa Sede siempre ha recordado con autoridad en los foros internacionales la centralidad de la dignidad de la persona., del debido proceso y la protección de los derechos fundamentales. Por esta razón, la progresiva adaptación de las normas procesales a estos principios no representa sólo una exigencia de técnica legislativa, pero también una necesidad de coherencia institucional.

Un sistema llamado a ser un referente moral en el recordatorio constante de la protección de la persona, ¿No debería tal vez garantizar que esos mismos principios encuentren una aplicación plena y concreta también a nivel interno??

Velletri de Roma, 15 De julio 2026

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CUANDO EL TIEMPO SE CONVIERTE EN UN PROBLEMA. INVESTIGACIONES PRELIMINARES EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DEL ESTADO DE LA CIUDAD DEL VATICANO

Un sistema jurídico llamado a servir como referencia moral en la defensa constante de la dignidad de la persona humana debe garantizar que esos mismos principios encuentren aplicación plena y efectiva dentro de su propio ordenamiento jurídico..

– Teología y derecho canónico –

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Entre las muchas reformas introducido en los últimos años dentro del sistema judicial del Estado de la Ciudad del Vaticano, un tema sigue recibiendo poca atención: la duración de las investigaciones preliminares. En los sistemas procesales penales contemporáneos, el legislador debe conciliar dos requisitos fundamentales: conceder a la autoridad judicial el tiempo necesario para establecer los hechos, al tiempo que impide que una persona permanezca bajo investigación indefinidamente. Esto no es simplemente una cuestión organizativa., pero que afecta directamente el equilibrio entre el interés público en la persecución de los delitos y la protección de los derechos fundamentales del individuo.

El proceso penal del Estado de la Ciudad del Vaticano continuar, en su marco esencial, regirse por el Código de Procedimiento Penal italiano promulgado por el Real Decreto nº. 127 de 27 Febrero 1913, incorporado al ordenamiento jurídico vaticano cuando el Estado fue constituido en 1929 y posteriormente modificado por la Ley No.. IX de 11 Julio 2013, aunque nunca reemplazado por un nuevo Código de Procedimiento Penal. Es un sistema en el que las investigaciones previas se encomiendan principalmente a la autoridad judicial., mientras que la defensa sólo interviene en una fase posterior del procedimiento, según un enfoque que difiere de los sistemas de justicia penal modernos, donde la acusación y la defensa se enfrentan desde el principio del juicio.

Esta brecha legislativa adquiere aún más importancia si se considera que el ordenamiento jurídico del Estado de la Ciudad del Vaticano no cuenta con ninguna institución comparable a un Tribunal Constitucional encargado de controlar la conformidad de las normas procesales con los principios fundamentales del ordenamiento jurídico y la protección de los derechos individuales.. Este, sin embargo, No es una deficiencia del sistema legal del Vaticano., sino una consecuencia coherente de su estructura institucional distintiva, en el que el Romano Pontífice, como Soberano del Estado y Supremo Legislador, de conformidad con el artículo 1 de la Ley Fundamental de la Ciudad del Vaticano Estado de 13 May 2023, ejerce la plenitud de la autoridad gubernamental, incluyendo el legislativo, poderes ejecutivo y judicial. Dentro de tal sistema, no puede haber ningún organismo encargado de revisar la legitimidad de los actos emitidos por el Legislador Supremo, como ocurre en los sistemas constitucionales basados ​​en la separación de poderes.

La falta de disposición que regule la duración de las investigaciones preliminares Por lo tanto, puede producir dos consecuencias distintas.. El primero se refiere directamente a la posición de la persona investigada.. A falta de plazo dentro del cual la autoridad judicial deba formular denuncia penal o solicitar el sobreseimiento del caso, el procedimiento puede continuar indefinidamente, mientras que cualquier medida restrictiva ya impuesta, como la incautación de activos, la suspensión de salarios, pensiones u otros beneficios, o cualquier otra medida que afecte a la situación jurídica de la persona interesada — sigue en vigor, sin que dicha persona pueda ejercer plenamente el derecho de defensa dentro del procedimiento contradictorio, cuyo lugar propio es el juicio mismo. La segunda consecuencia se refiere a la credibilidad del orden jurídico vaticano.. La Santa Sede ha afirmado constantemente en los foros internacionales la importancia central de la dignidad humana, el debido proceso y la protección de los derechos fundamentales. Por esta razón, la adaptación progresiva de la legislación procesal a estos principios no es simplemente una cuestión de técnica legislativa, sino también de coherencia institucional. Un sistema jurídico llamado a servir como referencia moral en la defensa constante de la dignidad de la persona humana debe garantizar que esos mismos principios encuentren aplicación plena y efectiva dentro de su propio ordenamiento jurídico..

Velletri (Roma), 13 Julio 2026

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CUANDO EL TIEMPO SE CONVIERTE EN UN PROBLEMA. LAS INVESTIGACIONES PRELIMINARES EN EL ORDENAMIENTO PENAL DEL ESTADO DE LA CIUDAD DEL VATICANO

Un ordenamiento jurídico llamado a ser un referente moral en la constante defensa de la dignidad de la persona debe garantizar que esos mismos principios encuentren plena y efectiva aplicación también en su propio ordenamiento.

– Theologia y derecho canónico –

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Entre las numerosas reformas que han afectado en los últimos años al ordenamiento judicial del Estado de la Ciudad del Vaticano, hay una cuestión que sigue recibiendo escasa atención: la duración de las investigaciones preliminares. En los ordenamientos procesales contemporáneos, el legislador está llamado a conciliar dos exigencias fundamentales: permitir a la autoridad judicial el tiempo necesario para esclarecer los hechos e impedir que una persona permanezca sometida a investigación durante un tiempo indefinido. No se trata de un simple problema organizativo, sino de una cuestión que incide directamente en el equilibrio entre el interés público en la persecución de los delitos y la tutela de los derechos fundamentales de las personas.

El proceso penal del Estado de la Ciudad del Vaticano continúa rigiéndose, en sus líneas fundamentales, por el Código de Procedimiento Penal italiano promulgado mediante el Real Decreto n. 127, de 27 de febrero de 1913, incorporado a ese ordenamiento con la constitución del Estado en 1929 y posteriormente modificado por la Ley n.º IX, de 11 de julio de 2013, sin haber sido sustituido, sin embargo, por un nuevo Código de Procedimiento Penal. Se trata de un sistema en el que las investigaciones preliminares se confían principalmente a la autoridad judicial, mientras que la defensa interviene únicamente en una fase posterior del procedimiento, conforme a un modelo distinto del adoptado por los modernos procesos basados en el principio contradictorio entre acusación y defensa desde el inicio mismo del proceso.

Una laguna normativa de esta naturaleza resulta aún más significativa si se considera que el ordenamiento del Estado de la Ciudad del Vaticano no conoce un órgano dotado de funciones equiparables a las de una Corte Constitucional, al que pudiera encomendarse el control de conformidad de las normas procesales con los principios fundamentales del ordenamiento y con la tutela de los derechos de la persona. No se trata, sin embargo, de una deficiencia del sistema jurídico vaticano, sino de una consecuencia coherente de su peculiar estructura institucional, en la que el Romano Pontífice, en cuanto Soberano del Estado y Supremo Legislador, conforme al artículo 1 de la Ley Fundamental del Estado de la Ciudad del Vaticano de 13 de mayo de 2023, ejerce la plenitud de la potestad de gobierno, que comprende los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. En un sistema de esta naturaleza no puede existir un órgano llamado a controlar la legitimidad de los actos del Supremo Legislador, como sucede en los ordenamientos constitucionales fundados sobre el principio de la separación de poderes.

La ausencia de una norma que establezca un plazo para la duración de las investigaciones preliminares está, por tanto, destinada a producir dos órdenes de consecuencias. El primero afecta directamente a la posición de la persona sometida a investigación. A falta de un plazo dentro del cual la autoridad judicial deba ejercer la acción penal o solicitar el archivo de las actuaciones, el procedimiento puede prolongarse por tiempo indefinido, manteniéndose las eventuales medidas restrictivas ya adoptadas — como el embargo de bienes, la suspensión del pago de salarios, pensiones u otras prestaciones, o cualquier otra medida que afecte a la esfera jurídica del interesado — sin que este pueda ejercer plenamente su derecho de defensa en el marco del principio contradictorio, cuyo ámbito natural es el juicio. La segunda consecuencia afecta a la propia credibilidad del ordenamiento jurídico vaticano. La Santa Sede ha defendido siempre con autoridad, en las instancias internacionales, la centralidad de la dignidad de la persona, del debido proceso y de la tutela de los derechos fundamentales. Por ello, la progresiva adecuación de la legislación procesal a estos principios no representa únicamente una exigencia de técnica legislativa, sino también una exigencia de coherencia institucional. Un ordenamiento jurídico llamado a ser un referente moral en la constante defensa de la dignidad de la persona debe garantizar que esos mismos principios encuentren plena y efectiva aplicación también en su propio ordenamiento.

Velletri (Roma), 13 de julio de 2026

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